El tema de la Ley de la Niñez y Adolescencia no debe ser politizado, cualquier análisis debe realizarse dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que permita endurecer las sanciones en quienes cometan delitos contra la dignidad de los menores.
De acuerdo al consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, no es posible que en Bolivia existan garantías para quien comete un delito y al contrario se deje en indefensión a la victima; la Defensa Pública trabaja y apoya a quien ha cometido el delito, pero qué ocurre con la víctima, quien tiene que contratar un abogado, esto es muy costoso al margen del problema psicológico que está atravesando.
“Como Plenario del Consejo de la Judicatura, apoyamos la propuesta planteada por el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, para que éstos temas, que son de alto contenido social y de mucha sensibilidad, sean analizados con la consideración que merecen estos niños, niñas y adolescentes”, manifestó.
Control de incompatibilidad laboral
Ante la extrañeza de algunos servidores públicos recientemente incorporados a la función judicial, respecto a la exigencia de informar sobre sus relaciones de parentesco y afinidad dentro de la institución, la autoridad judicial explicó que en aplicación de la nueva Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial 025, “Todos llenan un formulario, que es como una declaración jurada y esto permite verificar cualquier caso de incompatibilidad”, señaló el Consejero, quien añadió que en todos los Distritos Judiciales también se verifica el ingreso de los funcionarios nuevos y en caso de encontrar algún caso de incompatibilidad se cesa a uno de los trabajadores, pero tras una evaluación que se realiza dentro del Plenario del Consejo de la Judicatura, donde se evalúa la eficiencia, la condición laboral para luego determinar cual de los trabajadores incompatibles podrá continuar en la institución.